El fútbol paraguayo ha normalizado un espectáculo tan surrealista como indignante: la Dirección de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) publica semana a semana sus videos didácticos, con animaciones pulcras y voces en off reposadas, señalando con precisión quirúrgica los horrores cometidos en cancha. «Hubo un error en la interpretación de los criterios», explican con pasmosa frialdad técnica. Reconocen la pifia, desarman la jugada, admiten la injusticia… y luego, absolutamente nada pasa.
El caso de la expulsión de Lucas Quintana frente a Sportivo Ameliano no es una anécdota aislada; es la radiografía perfecta de un sistema que roza el cinismo institucional.
La doble moral del castigo
En este ecosistema, las reglas no se aplican con la misma vara. Si un futbolista comete una infracción desmedida, es expulsado al instante, expuesto ante la opinión pública y sancionado de oficio por el Tribunal Disciplinario con dos, tres o más fechas fuera de las canchas. Si un directivo alza la voz en zona mixta, le caen multas económicas y expedientes de conducta.
Pero si un colegiado y su equipo VAR destrozan un partido, alteran el resultado deportivo, condicionan la tabla de posiciones y privan a un club de su capitán para un Superclásico por una tarjeta roja insostenible, el protocolo es el silencio corporativo y el pacto entre caballeros.
| Actor deportivo | Consecuencia ante el error | Visibilidad del proceso |
| Futbolista / Club | Suspensión inmediata, pérdida de puntos, daño patrimonial | Pública, reglamentaria y con boletín oficial |
| Cuerpo Arbitral / VAR | Rotación silenciosa, «vacaciones» de una fecha o designaciones menores | Opaca, confidencial y sin sanción disciplinaria formal |
¿Cómo se justifica ante el hincha, ante los jugadores y ante las instituciones que invierten millones que un juez cometa una negligencia gravísima, reconocida por su propia patronal, y su único castigo sea pasar desapercibido un fin de semana para reaparecer en la fecha 18 pitando con total impunidad?
La trampa de la autonomía procesal
El Tribunal Disciplinario se escuda detrás del tecnicismo: «el informe técnico de los árbitros no es vinculante». Una pirueta reglamentaria brillante para lavarse las manos. El ente que imparte justicia afirma que no puede revocar un fallo de hecho porque violaría la doctrina de la FIFA, mientras que la comisión arbitral aduce que ella no juzga, solo «educa».
En medio de ese vacío conveniente, el corporativismo reina. Se protegen entre oficinas. El error arbitral deja de ser una falta profesional sancionable para convertirse en un simple «gaje del oficio», un costo colateral que siempre terminan pagando los mismos: los equipos en el césped.
Ya basta de la «congeladora» secreta
El fútbol profesional exige transparencia. El recurso arcaico de «parar» a un árbitro una o dos fechas enviándolo a la sombra «sin comunicado, sin sumario, sin descuento de haberes y sin rendición de cuentas» es una burla a la credibilidad del torneo. Es encubrimiento disfrazado de gestión interna.
Si la APF tiene la valentía de publicar videos exhibiendo que sus árbitros no conocen o no aplican el reglamento, debe tener la misma firmeza moral para publicar sus sanciones. El arbitraje no es una logia protegida ni una cofradía intocable: es un servicio profesional que define campeonatos, descensos y millones de dólares.
Mientras el error manifiesto no tenga consecuencias públicas y ejemplares, los videos de la Dirección de Árbitros no serán herramientas pedagógicas ni gestos de modernidad; seguirán siendo, lisa y llanamente, la partida de defunción de la justicia deportiva en el fútbol nacional.